Los delitos de lesa humanidad en el V Cuerpo del Ejército:
El inicio de un juicio histórico
Escribe Guillermo Torremare
Ilustra Mariano Lazcano
El 28 de junio comenzaron en Bahía Blanca las audiencias de un juicio largamente demorado. Los imputados son 13 militares, 4 policías y 2 agentes penitenciarios acusados de cometer delitos de lesa humanidad, delitos que por su gravedad ofenden a la humanidad en su conjunto. Es un número exiguo si se considera que la Zona 5, bajo el mando del V Cuerpo de Ejército con sede en Bahía Blanca, controlaba el sur de la provincia de Buenos Aires y las provincias de Río Negro y Neuquén.
Uno de los imputados es el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez, hoy de 77 años, quien fuera jefe de la división Educación, Instrucción y Acción Cívica del Ejército y presidiera los “Consejos de Guerra” ocupados de parodiar juicios a los secuestrados.
Este personaje anduvo por Tres Arroyos. El 15 de septiembre de 1976 lideró un comando de fuerzas conjuntas integrado por el Ejército y la Armada que se instaló en el Palacio Municipal y desde allí ordenó la detención de alrededor de treinta vecinos, a la mayoría de los cuales interrogó personalmente luego de hacinarlos en los estrechos calabozos de la comisaría local. Mas de la mitad pasó allí la noche y media docena fueron secuestrados, trasladados a Bahía Blanca y alojados en el Batallón de Música del V Cuerpo del Ejército.
El odontólogo Marcelo David, el arquitecto Jorge Errazu, el gremialista de la carne Enzo Sangiuliano, los militantes comunistas José Piro y Santiago Perusín -quienes a ese momento ya habían pasado largamente los 70 años-, el sindicalista de Luz y Fuerza Horacio Ale, el mecánico Rubén Pollachi –al que exhibían con las manos atadas con alambre y la cabeza ensangrentada-, el abogado Jorge Villalba y el militante de la Juventud Peronista Cholo Peñalva, cuya detención ilegal se prolongó por muchos meses, eran algunos de los mas conocidos tresarroyenses de quienes Páez se ocupó en aquellas jornadas.
Las audiencias iniciales del esperado juicio se realizaron en el aula magna de la Universidad del Sur. Ello representó una suerte de reparación histórica para con muchos protagonistas de la vida de esa casa de estudios, sometidos a una intensa persecución ideológica y cesantías masivas.
Desde la calle, la primera cuadra de la Avenida Colón, familiares de desaparecidos, organizaciones gremiales y sociales, organismos de derechos humanos y estudiantes acompañaron la apertura del juicio. Algunos de los 17 imputados afrontaron desafiantes a los fotógrafos, otros pretendían prolongar la opacidad sobre su identidad tapándose el rostro. Uno de los represores estuvo ausente por motivos de salud, Julián Oscar Corrés, alias el Laucha, y otro, Miguel Angel García Moreno, todavía está prófugo de la justicia.
La lectura de la elevación a juicio volvió a poner al descubierto las aberraciones cometidas por el Terrorismo de Estado, los secuestros a plena luz del día, las torturas, las violaciones y vejaciones de todo tipo. También quedó expresada la complicidad de jueces -que callaban y ocultaban-, y de los medios de comunicación que transcribían sin el menor pudor los partes militares que daban cuenta de “muertos en enfrentamientos” cuando debían denunciar ejecuciones sumarias, tal el caso, por ejemplo, del tresarroyense César Giordano.
La práctica de la desaparición forzada, el accionar asesino de los grupos de tareas, el funcionamiento de los centros clandestinos de detención -como “La Escuelita” y la cárcel de Villa Floresta- fueron las herramientas que utilizó el V Cuerpo del Ejército para desarrollar el Plan Sistemático de exterminio concebido por la dictadura. Todo eso, ya conocido, ha comenzado a juzgarse. Una forma mas de reivindicar la memoria de tantas y tantas víctimas.
*Abogado. Autor, junto al lic. Andrés Vergnano, de 22, los tresarroyenses desaparecidos.
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